Tras la publicación del Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo por el cual se declara el Estado de Alarma entre otras medidas, la preocupación generalizada de los empresarios, distribuidores y fabricantes del congelado, viene a coincidir en la falta de adopción de medidas de choque que alivien la tensión de tesorería y la falta de ingresos que está provocando esta crisis generada por el virus SARS-CoV-2 (inicialmente conocido como 2019-nCoV) causante de la enfermedad conocida como COVID-19.

Cierre inmediato

El sector de la distribución y fabricación de alimentos congelados y ultracongelados se ha visto especialmente afectado por el decreto del estado de alarma en tanto en cuanto ordena el cierre inmediato de establecimientos de comercio minorista de hostelería así como instituciones educativas (y sus comedores), aglutinando casi la totalidad de la cartera de clientes, que “hasta nuevo aviso” suspenden su actividad.

Temen los empresarios no poder hacer frente a la avalancha de impagos a proveedores, de clientes o incluso a sus propios empleados. Ni siquiera pueden asegurar el cumplimiento de los plazos previstos para los expedientes de regulación temporal de empleo en cuanto su excepcionalidad requiere de la declaración de fuerza mayor por parte de la “Autoridad Laboral” que en este caso omite la norma publicada el pasado sábado.

Es más una de las grandes incógnitas, ante esta situación tan excepcional, es si el gobierno flexibilizará o asumirá por los empresarios las cotizaciones a cuyo pago se ven obligados tras acudir a expedientes de regulación de empleo de estas características.

Todo lo anterior lleva a esta asociación empresarial a solicitar del Gobierno, como así lo vienen haciendo otras asociaciones de empresarios la adopción de las siguientes medidas de calado público y privado:

(a) Suspensión de las obligaciones de pago a la Administración, incluidos impuestos, cotizaciones sociales, así como las tasas de los autónomos que individualmente ejercen esta profesión, todo ello con la finalidad de minimizar el impacto de la paralización empresarial de comercios de hostelería y educativos que afecta de lleno a la actividad de distribuidores y fabricantes.
(b) Bonificación de las facturas de suministros hasta que no se levante la situación de Estado de Alarma.
(c) Suspensión de pagos de pólizas mercantiles, de créditos o préstamos destinados a la financiación de la actividad empresarial hasta que no se levante la situación de Estado de Alarma.
(d) Establecimiento de un procedimiento ágil y rápido que flexibilice los requisitos de los ERTEs, para mantener los ingresos de las familias españolas y frenar el nefasto impacto de esta crisis en todo el tejido empresarial. Y que urja a las Autoridades Laborales a la declaración de la situación como de fuerza mayor.

Por todo lo anterior, desde la Asociación Frozen España apelan a la sensibilidad del Gobierno así como a la urgencia en la toma de medidas y decisiones para paliar los efectos de esta crisis, en la que la solidaridad de todos marcará el antes y el después.