La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha conmemorado el décimo aniversario de su procedimiento operativo de colaboración con la Guardia Civil, un convenio firmado en 2016 con el objetivo de blindar a las Indicaciones Geográficas frente al fraude alimentario y el uso ilícito de sus nombres reconocidos.
El acto, celebrado el jueves 19 de febrero en la sede de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, reunió a representantes de las entidades firmantes y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, subrayando la importancia de esta alianza estratégica en la defensa del patrimonio agroalimentario nacional.
Más de 26.000 inspecciones y 150 infracciones penales desde 2016
Desde la firma del acuerdo, la Guardia Civil ha realizado más de 26.000 inspecciones relacionadas con el fraude alimentario. Como resultado, se han detectado 150 infracciones penales y más de 16.000 infracciones administrativas, se ha detenido o investigado a más de 570 personas y se han intervenido cerca de un millón y medio de litros de producto y más de 6.700 millones de kilos.
Durante la inauguración, el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el General de Brigada Alfonso López, y el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, pusieron en valor el alcance del acuerdo. Pacheco destacó que hace diez años la asociación dio “un paso decisivo para blindar a las figuras de calidad diferenciada frente al fraude”, afirmando que el convenio ha sido “una herramienta clave para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de los productos con DOP e IGP y reforzar la confianza de consumidores y productores”.
Casos de éxito: DOP Los Pedroches y DOP Jabugo
Entre los ejemplos más relevantes derivados de esta colaboración destacan las sentencias firmes de privación de libertad vinculadas a la DOP Los Pedroches y la DOP Jabugo.
En 2024 se dictó una condena por falsificación de contraetiquetas de la DOP Los Pedroches. Más recientemente, en enero de 2026, otra sentencia afectó a la DOP Jabugo por el reetiquetado fraudulento de jamones y paletas a los que se incorporó el término “Jabugo” sin estar amparados por esta Denominación de Origen Protegida.
El secretario general del Consejo Regulador DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, subrayó que todas las Indicaciones Geográficas se ven amenazadas por casos de falsificación, adulteración o uso indebido de sus nombres protegidos. En este sentido, valoró que el convenio ha permitido mejorar la contundencia, el rigor y la rapidez de las actuaciones cuando los Consejos Reguladores detectan irregularidades en el mercado.
Nuevo protocolo y retos futuros
El acuerdo establece un procedimiento en tres pasos: denuncia por parte de los Consejos Reguladores, actuación e instrucción de diligencias por parte de la Guardia Civil y personación del Consejo Regulador en el proceso judicial. Próximamente se firmará un nuevo protocolo que continuará reforzando este modelo de colaboración.
Durante la jornada también intervino la jefa del Área de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mónica de Santos Carretero, quien presentó las claves del nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre indicaciones geográficas de 2024, animando a todos los actores implicados a mantener una cooperación activa frente al fraude.
En la mesa redonda final, moderada por la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), Elisa Plumed, se abordaron los desafíos futuros. Entre ellos, el mayor control del comercio electrónico, un canal en expansión donde en ocasiones se alude de forma indebida a territorios vinculados a DOP o IGP para comercializar productos no amparados por estos sellos de calidad.
Asimismo, se incidió en la necesidad de impulsar actuaciones de oficio por parte de la Guardia Civil y las administraciones competentes, dada la limitación de recursos de los Consejos Reguladores para detectar estas actividades ilícitas.
Diez años después de su puesta en marcha, la alianza entre Origen España y la Guardia Civil se consolida como un pilar esencial en la defensa activa de la propiedad intelectual e industrial de las Indicaciones Geográficas, reforzando la calidad, la transparencia y la confianza en el sector agroalimentario español.
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